De los más de 101 mil votantes que tiene nuestro registro electoral, acuden a las urnas algo más de 60 mil electores. De los cuales, a algo más de 40 mil les interesa saber quién será el próximo alcalde, sus concejales y sus representantes a las diferentes Juntas Parroquiales. Es decir, que aproximadamente a 20 mil votantes, pese a que acuden a las urnas, no les interesa saber quiénes serían sus próximas autoridades. Seguramente asisten el día de las elecciones por recibir su certificado de sufragio, anular su voto o simplemente dejar la papeleta en blanco.
Esta es la gráfica de lo que pasó en Otavalo el 5 de febrero de 2023. Menos de 15 mil electores decidieron el futuro de más de 120 mil otavaleños.
Estos resultados electorales expresan una legitimidad tan dispar que, para el ejercicio de cualquier función de elección, los apoyos se transforman en acomodos personales y particulares del grupo de amigos y familiares más cercano a la autoridad electa. Y si a esa realidad le acompaña la vaciedad de ideas y la ausencia de visión sobre el desempeño de la autoridad en el cargo, estas terminan por aniquilar la oportunidad de construir un proyecto real que encare los problemas estructurales de cantones como los nuestros.
En el caso de Otavalo, esta evidencia explica una realidad estrechamente relacionada a la incapacidad de la alcaldesa electa para administrar su «navidad electoral». No pudo recorrer ni siquiera unos metros de la maratón de 4 años, porque jamás entendió los desafíos y realidades al momento de ejercer ese cargo.
Esta representación de la «NADA política», como la que describimos, refleja el disparatado y lesivo diseño del régimen electoral. Al final, este mal se inauguró de la mano de caciques que se adueñaron las instituciones y que se encargaron de sacrificar calidad, experiencia, formación, transparencia y preparación de los políticos, por mediocridad, griterío, cotorreo, incapacidad, improvisación y servilismo… Es por ello que este es el momento para preguntarnos: ¿qué debemos hacer?
Desde hace más de 10 años, sigo casos de ciudades que en número de población son similares a Otavalo. Cada una tiene sus particularidades. Pero algo que me llama la atención es que todas se distinguen por la celebración de acontecimientos que, al ser históricos, cívicos… culturales, se convirtieron en fundamentos filosóficos y de inspiración política para construir participación, identidad y empoderamiento de políticas públicas con sentido democrático, inclusivo, eficiente, transparente…
En ese escenario, de entre los distintos hechos históricos, hay uno que a nuestra generación le debe importar. Es el 31 de octubre de 2029, día en que San Luis de Otavalo cumplirá su primer Bicentenario.
Este hecho debe ser el punto de partida para disponernos a impulsar un Diálogo Cantonal por nuestro Bicentenario. Un espacio en el que la esperanza cívica nos permita levantar la voz para decir y exigir lo que queremos y soñamos.
Con ese antecedente, hoy planteo el inicio de algo que nos permita transitar hacia ese objetivo.
El defectuoso ensayo jurídico de la mal dada constitución de 2008 sostuvo la idea de “facilitar” —como si ese fuera el camino— la participación ciudadana y creó una serie de normas jurídicas al punto de perversamente manipular el concepto a gusto y conveniencia de quien ocupe los espacios del poder estatal. Así, por ejemplo, quienes quieran hacer uso de los mecanismos de participación reconocidos por la ley, deberán contar con el beneplácito de quien ejerza el poder de turno. Así, la participación ciudadana será el resultado del gusto o disgusto de cualquier autoridad que desee o no que sus conciudadanos ejerzan este derecho.
En medio de esa arquitectura pensada para entorpecer las cosas y evitar que la ciudadanía pueda asumir su verdadero rol, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana reconoció que uno de los niveles de participación son las comunidades y los barrios. Quizá este sea el inicio para entender que en este momento nos enfrentamos a 2 únicas opciones: primero, seguir siendo testigos mudos de toda esta desidia y, segundo, decidir RE-DEFINIR esa realidad.
Este es el punto de partida para comprender que, si en las comunidades y los barrios exigimos que la alcaldía, las concejalías, las vocalías de las Juntas Parroquiales, la prefectura… empiecen por entender que la participación en las comunidades y barrios está obligada por la ley a dejar de preocuparse en la forma de los problemas y pasar a mirar la estructura de los mismos.
Ese primer acercamiento —hasta de sentido común— le permitiría a la autoridad, cualquiera que fuera, diseñar políticas públicas pensadas de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Con eso, lograríamos construir convivencia.
Si emprendemos en esta tarea, evitaríamos que quienes representan la NADA se ubiquen tras un escritorio a decidir ciegamente el tipo y costo de los parches que aplican a los problemas. Les obligaríamos a ser serios y evitaríamos la demagogia porque tendrían que colocarse frente a frente con los problemas que requieren su atención. Les obligaríamos a conocer de cerca las necesidades y preocupaciones de nuestra comunidad. Existiría empatía en el ejercicio de su cargo.
Solo este ejercicio de responsabilidad política haría que, casi por inercia, pensemos que cada sector tiene prioridades urgentes que atender, aprenderíamos de los errores cometidos y juntos construiríamos corresponsabilidades sobre qué hacer y qué no hacer en el espacio público. Y lo más importante: entenderíamos quiénes son y no aptos para ejercer un cargo de representación electoral.
Este es el primer paso para una participación ciudadana directa que nos permita preparar el soñado proyecto cantonal para modernizar Otavalo.
Si los ciudadanos exigimos que este sea el punto de partida, los que anhelan ser autoridad entenderían que los barrios y comunidades son los “primeros niveles de participación ciudadana”, con lo cual frenaríamos cualquier improvisación que nazca de la motivación egoísta de cualquier irresponsable.
Si esto llegara a ser un objetivo compartido por todos, evitaríamos que los que llegan de la NADA a ocupar un cargo sigan sin hacer nada. Les obligaríamos a devengar el oneroso sueldo que mes a mes les pagamos.
Así, por ejemplo, la empresa de agua potable generaría rentabilidad, las distintas direcciones del municipio estarían ocupadas por profesionales otavaleños y ellos tendrían objetivos claros alrededor de sus obligaciones y responsabilidades. Y en el municipio sabrían para quiénes trabajan y a quién rendirle cuentas.
Paralelo a esto, lo más importante es que lograríamos que las cosas en nuestro barrio, parroquia, cantón, provincia… surjan del resultado de un gran acuerdo sobre lo que queremos y soñamos.
Solo ese acuerdo ciudadano le derrotaría a la NADA que significa improvisación y haría que el permanente derroche de dinero en lo inútil e inservible sea cuestión del pasado.
Ese hecho haría de Otavalo un cantón en el que se inaugure el concepto de eficiencia y transparencia, para que, en el corto plazo, la continuidad de todo lo que se haya decidido hacer sea obligación cumplida por todas las autoridades. Así, tendríamos la certeza de contar con una Municipalidad ordenada, donde las reglas claras, el esmero y la vocación por el servicio público sean los principios de una visión compartida sobre el Bien Común, en la que todos frenemos las consecuencias de las acciones de los que nacieron para no hacer NADA.
El Bicentenario de San Luis de Otavalo es nuestra oportunidad para dejar de ser espectadores y empezar a exigir verdaderas soluciones.
¿Qué opinas de esta iniciativa de Diálogo Cantonal? ¿Qué es lo primero que exigirías a las autoridades desde tu barrio o comunidad? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios y empecemos a RE-DEFINIR nuestro futuro!
