Dadas las refinadas habilidades en el uso del megáfono, resulta comprensible concluir que, luego de varios años en la función pública, políticos de las características de la alcaldesa de Otavalo lo mejor que aprendieron fue a sacarle provecho al megáfono.
Hace pocos días, y con motivo de la aprobación de la reforma al gasto que los municipios deben hacer de sus presupuestos, la escena descrita volvió a repetirse, pero esta vez en las marchas que el movimiento político de la alcaldesa y sus amigos hicieron para protestar con un nivel de drama que predecía una tragedia sin nombre para el futuro de las cuentas municipales, porque a partir de febrero de 2026 debían cumplir la ley que les obliga a gastar el dinero público con responsabilidad. La obligación implica que, por cada 100 dólares que reciban de las asignaciones del Estado y de sus propias fuentes de financiamiento, 70 deben invertirse en obra pública y 30 en gastos operativos de su institución.
Lo vergonzoso e irónico es que, antes de que se aprobara esta reforma legal, estos personajes, entre sus escasas ideas sin beneficio de inventario, en campaña electoral decían que el dinero de las cuentas municipales debía manejarse con eficiencia y transparencia. Cada día que pasa me convenzo más de que esa declaración fue el resultado de la urgencia por salir al paso. Hoy los hechos exponen el mediocre, ineficiente y corrupto desempeño de este tipo de “autoridades” frente a la administración municipal. Con ese antecedente, hoy quiero explicar las razones por las que los reclamos megafoneros que hiciera la alcaldesa de Otavalo no tienen validez ética.
El COOTAD establece que los gobiernos locales tendrán 2 fuentes de ingresos para financiar sus gastos. La primera corresponde a las asignaciones mensuales que reciben del gobierno central y la segunda a la gestión de sus propias fuentes de ingresos (tasas, contribuciones e impuestos). Esta misma ley, y por más de 15 años de vigencia, estableció que, de los ingresos recibidos de parte del gobierno central, los gobiernos locales deben invertir el 70 por ciento en obras y proyectos de inversión y el 30 por ciento en gasto operativo o administrativo.
La última reforma aprobada por la Asamblea Nacional en la Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados obliga a los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales a que la fórmula establecida para el gasto de las asignaciones del gobierno central se aplique a los ingresos obtenidos de las fuentes propias de financiamiento. Es decir, que a partir de febrero de 2026 la integralidad de los presupuestos de las Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales deberá gastarse bajo el criterio del 70/30. Esa decisión motivó a que alcaldes y prefectos de similares características a las de la alcaldesa de Otavalo vuelvan a empuñar los megáfonos para decir que protestan en contra de una supuesta pulverización de las cuentas municipales dedicadas a atender temas sociales. Claro, en ninguna de las frases amplificadas en los megáfonos se escuchó que se comprometieran con la transparencia y la calidad del gasto.
En esta ocasión quiero explicar el porqué los griteríos del megáfono de la alcaldesa de Otavalo no justifican su deplorable desempeño, porque, siendo alcaldesa, hizo todo para derrochar el dinero que a ella no le cuesta producir.
Aquí los hechos:
- Incrementó el número de personas en la nómina municipal con la respectiva elevación de sueldos. Si en el 2022 un empleado del municipio de los niveles ejecutivos ganaba 1600 dólares, en el 2024 pasó a percibir un sueldo de 2100 dólares. Ella se impuso un sueldo de 4800 dólares y creó más puestos para sus amigos más cercanos.
- Contrató obras con costos de 500 mil dólares para 2 kilómetros de adoquinado. La falta de planificación y estudios técnicos serios derivaron en retrasos y contratos complementarios que terminaron por duplicar los costos en relación al presupuesto inicial.
- Desarrolló fiestas para eventos gratuitos cuyo presupuesto mayoritariamente se destinó al pago de artistas internacionales y al reparto discrecional que hace el concejal que logró hacerse del Comité de Fiestas.
- Compró un vehículo para su uso a un costo que sobrepasa los 50 mil dólares.
- Remodeló una oficina para sus reuniones por más de 50 mil dólares.
- Todas las obras ejecutadas por la administración sufren retrasos y en las primeras lluvias terminan arrastradas a los barrancos.
- En 2025, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto del presupuesto de la alcaldía de Otavalo se ubicó debajo del promedio nacional, que bordeó el 48 por ciento.
Este pequeño listado de realidades sobre la administración municipal explica con claridad que el manejo de los dineros de las cuentas municipales no es el resultado de la eficiencia a la hora de decidir en qué y para qué se gasta el dinero de todos.
Por lo tanto, por más y mejores habilidades que puedan tener a la hora de “megafonear” sus lamentaciones, a partir de febrero de 2026 están obligados a honrar el dinero ajeno.
El dinero de la ciudad nos pertenece a todos y, por ley, debe invertirse en obras reales, no en burocracia ni derroche. ¿Qué obra urgente crees que debería priorizarse en Otavalo con ese 70% del presupuesto que obligatoriamente debe ir a inversión? ¡Déjanos tu comentario y hagamos escuchar nuestra voz, pero con ideas, no con megáfonos!